Cuando
empezó a funcionar, en 1854, la Cámara de Diputados sesionaba en Paraná.
Llevaba registro de su trabajo –era mediados del siglo XIX- a mano, con
prolija caligrafía a pluma. Los funcionarios se reunieron en sesiones
preparatorias antes de que el 22 de octubre de ese año Justo José de
Urquiza, que presidía el país, abriera las sesiones ordinarias, un
ritual que en nuestros tiempos se cumple cada 1° de marzo. Discutían
cómo iban a organizarse, qué comisiones harían falta, sorteaban quiénes
serían los primeros en retirarse, tras dos años, para que se renovara la
Cámara.
Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el
nazismo cometía crímenes de lesa humanidad y, a la vez, ganaba simpatías
entre extremistas de todo el mundo, en Diputados sesionaba la Comisión
Especial Investigadora de Actividades Anti-Argentinas. Funcionó entre
1941 y 1943, y se dedicó a revisar la incidencia de la ideología
nacional-socialista en publicaciones, reuniones y hasta funcionarios
públicos: por allí pasó, por ejemplo, una especie de censo que realizó
la numerosa comunidad alemana de Misiones, localidad por localidad, para
pedir formalmente que no se los considerara a todos seguidores de Adolf
Hitler, argumentando que ese sector no alcanzaba el 10 por ciento del
total del grupo. Pasaron también denuncias que daban cuenta de las
escuelas que reproducían propagandas nazis, y traducciones de revistas
que alentaban el antisemitismo. Ese material es parte de los casi 130.000 expedientes que ya están disponibles online en el sitio web de la Dirección de Archivo, Publicaciones y Museos de la Cámara de Diputados.
El
Programa de Digitalización de la Documentación Histórica de la Cámara
empezó en 2012 con el relevamiento de su archivo físico: según Matías
Peña Onganía, a cargo de la Dirección de Archivo, se estimó la
existencia de unos 6 millones de documentos.
Se
trata, entre otras cosas, de una nueva fuente de consulta para los
historiadores –y para los curiosos-. Al momento, se digitalizó todo el material producido entre 1862 y 1955: puede encontrarse, por ejemplo, el proyecto que pide que se declare feriado nacional el día de la muerte de José de San Martín, o la petición de un estanciero santafecino, que en 1869 solicitó una recomposición por la hacienda que había consumido un ejército durante la batalla de Cepeda,
diez años antes. Pueden verse los libros de sesión –que en el archivo
físico de la Cámara hay que tocar con guantes de tela- de toda la
segunda mitad del siglo XIX, y consultar algunas sesiones secretas,
que muchas veces trataron la compra de armamento en medio de algún
conflicto limítrofe. Puede consultarse un tema específico, y entonces
saber que ya en 1940 una agrupación feminista hizo una presentación ante Diputados para exigir el derecho a sufragar.
O puede seguirse el trabajo de algún legislador, consultando su
apellido y viendo su participación: “Es una forma de poder evaluar la
labor legislativa de los Diputados, va a poder verse quiénes trabajaron
más, quiénes trabajaron menos. En qué temas se interesaron. Y, a lo
largo de la Historia, cómo se fueron abordando distintos temas”,
sostiene Peña Onganía.
“Para los historiadores esto
implica poder acceder desde cualquier lado y, por supuesto, baja el
costo que tiene hacer una investigación. Pero implica además que uno
puede chequear la fuente que encontró citada en un libro o en otra
investigación, ir al documento de primera mano. Cualquier proceso de
digitalización es para celebrar porque permite estar en contacto con
documentos que, además, el tiempo deteriora”, explica el historiador
Jorge Gelman, actual director del Instituto de Historia Argentina y
Americana "Dr. Emilio Ravignani". Según el autor y docente, “es
importante que el archivo estatal se amplíe porque hay allí una
información que no hay en ningún otro lado”.
Según Peña Onganía, la digitalización de los documentos, que abarca hasta 1955, costó entre 8,5 y 9 millones de pesos.
A través de la firma de un nuevo convenio con la Universidad de Tres de
Febrero –el trabajo inicial se hizo por un convenio con la UBA- la
Cámara aspira a digitalizar “por lo menos hasta 1983”. Eso incluiría los
documentos de la Comisión Asesora Legislativa (CAL) que funcionó
durante la última dictadura: “Es material en su gran mayoría
administrativo y estará disponible dentro de las Comisiones Especiales”,
adelanta el funcionario. Eso sí, corren tiempos de elecciones, y
entonces advierte: “Continuar con el programa es una decisión política y estamos ante un cambio de gestión”.
Publicada por Clarín.