En un fallo declarativo que ayer presentó en público, el juez federal Norberto Oyarbide afirmó que el Estado de Turquía cometió “delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio”, entre 1915 y 1923. La demanda había sido iniciada por un escribano de origen armenio cuyos familiares fueron parte del millón y medio de víctimas, y fue acompañada por las instituciones de la colectividad, las que expresaron su satisfacción por la resolución.
Se estima que en 1914 había unos dos millones de armenios viviendo en el Imperio Otomano, en especial al este de Anatolia. La tensión entre la mayoría turca –musulmana– y la minoría armenia –cristiana–, que había motivado grandes matanzas de armenios desde el siglo XIX, se agudizó al inicio de la Primera Guerra Mundial, frente a la pretensión de independencia de los armenios (ver Antecedentes históricos ).
En ese contexto, el gobierno de los llamados Jóvenes Turcos inició, el 24 de abril de 1915, el arresto y la ejecución de 250 intelectuales que eran líderes de la comunidad armenia de Estambul. El paso siguiente fue la deportación de más de un millón de armenios, a quienes obligaron a marchar cientos de kilómetros por el desierto de lo que hoy es Siria, sin comida ni agua. Al mismo tiempo, los turcos ejecutaron matanzas en varios puntos del imperio, y violaciones masivas de mujeres. Sus bienes fueron expropiados. Tras un año de calma al término de la guerra, las atrocidades se reanudaron en 1920 y se extendieron hasta 1923.
Hasta el día de hoy, Turquía sigue negando que la muerte de alrededor de un millón y medio de armenios haya sido consecuencia de un plan de exterminio masivo implementado por el Imperio Otomano. Reconocerlo, daría lugar a decenas de miles de demandas, como también a reclamos territoriales. Pero en la actualidad, varios historiadores coinciden en que las condiciones premeditadas de deportación y la situación en los campos de concentración implicaron forzosamente un genocidio.
S ólo 20 países lo han reconocido como tal. Uno de ellos es la Argentina , que en 2006 sancionó la ley 26.199, que instituyó el 24 de abril como “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio de que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro”.
Oyarbide citó esa ley al redactar su resolución declarativa , en tanto hizo lugar al pedido de la querella de esclarecer los hechos para conocer la verdad histórica.
El juez también se apoyó en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y se enmarcó en la convención de la ONU sobre genocidio.
La demanda había sido iniciada en 2000 por el escribano Gregorio Hairabedian, descendiente por líneas materna y paterna de más de 50 víctimas. Tuvo el patrocinio de su hija Luisa y el acompañamiento, como co querellantes, de las instituciones de la colectividad armenia en Buenos Aires. Con casi 120.000 miembros, la argentina es la colectividad armenia más numerosa en países hispanos.
Al morir Luisa Hairabedian, retomó la causa su hijo Federico. El juez libró un exhorto al gobierno turco, para conocer la suerte corrida por los familiares de Gregorio, pero no tuvo respuesta. También envió exhortos a los gobiernos de varios países, que se apoyaron en cuestiones técnicas para no atender a la requisitoria. En cambio, hubo contestación por parte de las Naciones Unidas, Francia, Bélgica y Armenia, cuyos gobiernos enviaron abundante documentación.
Además, Oyarbide escuchó testimonios aterradores de descendientes de sobrevivientes del genocidio. Se sumaron a numerosas pruebas aportadas por la querella, muchas de ellas citadas textualmente en el fallo, de carácter “definitivo”.
El juez aclara que no pretende ser históricamente exhaustivo, pero da por probada la veracidad del genocidio. Ordena que su resolución sea comunicada al Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería y ambas Cámaras. Y la pone a disposición de las organizaciones, con la esperanza de que siente un precedente internacional a los fines reivindicativos del pueblo armenio.