El viernes 5 en el Boletín Oficial se publicó el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el que se reasignan 21 millones de pesos –que provienen del fondo para la transformación de los sectores públicos provinciales– al proyecto de Catalogación, Inventario, Digitalización, Microfilmación y Conservación para la Guardia Física de la documentación histórica del Archivo General de la Nación. Esa partida presupuestaria no sólo es importante por el dinero en sí, sino porque además es una precondición para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgue un préstamo de 13,6 millones de dólares que permitirán salvar tesoros que están a punto de perderse. Con anterioridad, el Ministerio de Economía había desembolsado 180.000 pesos para estudios de prefactibilidad.
Originalmente el proyecto dependía solo del dinero del Estado y servía únicamente para que el archivo se adaptase –mejor tarde que nunca– a los avances tecnológicos pasando los documentos al formato digital.
El director del Archivo General, José Luis Moreno, presentó el proyecto al BID con la inclusión de más puntos, como por ejemplo la creación de un nuevo edificio: “Cuando ingresé al archivo como director –cuenta a Crítica de la Argentina en su despacho– los 21 millones ya eran una cifra que el Ministerio del Interior había obtenido de distintas partidas”. Si bien en un comienzo se iba a licitar el trabajo digital para tercerizarlo, finalmente se decidió que el Archivo mismo, a través de convenios con instituciones educativas, se encargue del trabajo. “De hecho ya tenemos –dice Moreno– un área de digitalización y con precarios medios se ha avanzado bastante con unas series documentales que corrían riesgo”.
El investigador del Conicet, designado como asesor técnico del proyecto por el Ministerio del Interior, Juan Zabala dijo a Crítica de la Argentina que el trabajo comenzó con los estudios de prefactibilidad que, según explicó, son requeridos por el BID para realizar el préstamo. “Se está estudiando el espacio físico que hay en la sede de Alem, las alternativas de digitalización, qué tipo de tecnología será necesaria y los documentos escritos. Todavía no sé sabe con qué se va a empezar en concreto”, reconoció Zabala, quien si bien se mostró optimista, también aceptó que el BID no ha dado la palabra definitiva con respecto a la financiación: “Ya se iniciaron las gestiones para obtener el financiamiento pero tienen mucho pasos administrativos, de los cuales ya se han aprobado varios.
Faltan otras instancias de evaluación, pero hay un consenso en que obtener el financiamiento del BID es muy factible” y es el único que se anima a poner una fecha que baja las expectativas: “para que esto se concrete falta más o menos un año”, dijo.
Sin ese dinero será imposible realizar todos los cambios previstos. Con todo el presupuesto adjudicado, el plan es invertir seis millones de dólares en gestión archivística, 8,5 para la adecuación edilicia, tres en equipamiento tecnológico, 1,7 para coordinación y asistencia técnica y 800.000 dólares en gestión institucional.
Moreno se ilusiona con la revolución del archivo: “Con la digitalización, muchos de los investigadores se van a sentar en una computadora y trabajarán las imágenes, y los documentos no digitalizados se seguirán consultando como antes. Una vez que esté digitalizada, la documentación se va a preservar en una caja porque el manoseo atenta contra ella”.
A Mónica Muñoz, directora de la Asociación de Amigos del Archivo, hay algunas cuestiones del proyecto que no la terminan de convencer. “Va a fallar porque cuando empiecen a digitalizar lo que no está en condiciones tendrá que ser restaurado a un ritmo decoroso. Y el área de restauración y conservación no está preparada ni en maquinaria ni en cantidad de gente para sostenerlo”; y agrega una crítica metodológica: “quieren digitalizar primero lo que tiene mayor valor histórico, pero nosotros creemos que hay que empezar por lo que está más deteriorado, lo que queremos sacar de circulación”.
Noticia publicada por el diario Crítica de la Argentina.
Originalmente el proyecto dependía solo del dinero del Estado y servía únicamente para que el archivo se adaptase –mejor tarde que nunca– a los avances tecnológicos pasando los documentos al formato digital.
El director del Archivo General, José Luis Moreno, presentó el proyecto al BID con la inclusión de más puntos, como por ejemplo la creación de un nuevo edificio: “Cuando ingresé al archivo como director –cuenta a Crítica de la Argentina en su despacho– los 21 millones ya eran una cifra que el Ministerio del Interior había obtenido de distintas partidas”. Si bien en un comienzo se iba a licitar el trabajo digital para tercerizarlo, finalmente se decidió que el Archivo mismo, a través de convenios con instituciones educativas, se encargue del trabajo. “De hecho ya tenemos –dice Moreno– un área de digitalización y con precarios medios se ha avanzado bastante con unas series documentales que corrían riesgo”.
El investigador del Conicet, designado como asesor técnico del proyecto por el Ministerio del Interior, Juan Zabala dijo a Crítica de la Argentina que el trabajo comenzó con los estudios de prefactibilidad que, según explicó, son requeridos por el BID para realizar el préstamo. “Se está estudiando el espacio físico que hay en la sede de Alem, las alternativas de digitalización, qué tipo de tecnología será necesaria y los documentos escritos. Todavía no sé sabe con qué se va a empezar en concreto”, reconoció Zabala, quien si bien se mostró optimista, también aceptó que el BID no ha dado la palabra definitiva con respecto a la financiación: “Ya se iniciaron las gestiones para obtener el financiamiento pero tienen mucho pasos administrativos, de los cuales ya se han aprobado varios.
Faltan otras instancias de evaluación, pero hay un consenso en que obtener el financiamiento del BID es muy factible” y es el único que se anima a poner una fecha que baja las expectativas: “para que esto se concrete falta más o menos un año”, dijo.
Sin ese dinero será imposible realizar todos los cambios previstos. Con todo el presupuesto adjudicado, el plan es invertir seis millones de dólares en gestión archivística, 8,5 para la adecuación edilicia, tres en equipamiento tecnológico, 1,7 para coordinación y asistencia técnica y 800.000 dólares en gestión institucional.
Moreno se ilusiona con la revolución del archivo: “Con la digitalización, muchos de los investigadores se van a sentar en una computadora y trabajarán las imágenes, y los documentos no digitalizados se seguirán consultando como antes. Una vez que esté digitalizada, la documentación se va a preservar en una caja porque el manoseo atenta contra ella”.
A Mónica Muñoz, directora de la Asociación de Amigos del Archivo, hay algunas cuestiones del proyecto que no la terminan de convencer. “Va a fallar porque cuando empiecen a digitalizar lo que no está en condiciones tendrá que ser restaurado a un ritmo decoroso. Y el área de restauración y conservación no está preparada ni en maquinaria ni en cantidad de gente para sostenerlo”; y agrega una crítica metodológica: “quieren digitalizar primero lo que tiene mayor valor histórico, pero nosotros creemos que hay que empezar por lo que está más deteriorado, lo que queremos sacar de circulación”.
Noticia publicada por el diario Crítica de la Argentina.